Queremos expresar nuestro reconocimiento a los organizadores del Encuentro Regional Por Memoria y Justicia por habernos invitado a participar de esta jornada.
Dicho ésto, venimos a compartir nuestro punto de vista en relación al papel que cumplen hoy la Procuración y la UFI AMIA en la investigación de este crimen de Terrorismo de Estado en democracia ocurrido hace 23 años.
Poco tiempo después del final del juicio AMIA en 2004, un juicio fraudulento que se presentó como “histórico” y que terminó liberando a los primeros eslabones de la conexión local del atentado, el ex presidente Kirchner creó la Unidad Fiscal de Investigación AMIA y, con el apoyo de las direcciones de AMIA y DAIA y la embajada de Israel, ungió al ex fiscal Nisman como el responsable de la persecución de una conexión internacional, ajena al Estado mismo.
Diez años después, con Nisman fallecido, la Procuradora designó nuevos fiscales a cargo de la UFI quienes asumieron dos tareas: la primera y más urgente, intervenir en el denominado juicio por encubrimiento que comenzó hace ya 2 años y está próximo a finalizar. Un juicio que tuvo la pretensión de mostrar ante la sociedad la aparente capacidad del Poder Judicial para auto-reformarse y castigar las irregularidades y delitos cometidos durante una supuesta investigación que comprometió por igual a los tres poderes del Estado.
La otra tarea, no menos urgente pero más sólida y profunda, no se había encarado hasta entonces: comenzar a investigar seriamente la responsabilidad que tuvo el Estado nacional en la comisión del atentado y su posterior encubrimiento. Para ello resultaba fundamental comenzar a relevar todos los archivos secretos que el Estado argentino aún mantiene ocultos después de más de dos décadas, y cuya apertura venimos exigiendo desde hace muchos años con los compañeros de APEMIA.
Fue a instancias de nuestro reclamo que la Procuradora instruyó al nuevo equipo de fiscales para crear el Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental de la causa AMIA (GERAD) el cual, con las limitaciones impuestas por innumerables decretos y la Ley de Inteligencia, comenzó un trabajo profesional de procesamiento de los archivos secretos que fueron incorporados como prueba en la causa judicial, permitiendo a los querellantes tener acceso a ellos, aunque de manera restringida.
Por primera vez tuvimos acceso a parte del material secreto que hoy ocupa más de 2 km de cajas conteniendo papeles, colocadas una al lado de la otra.
Sin embargo, duró poco. El gobierno avanzó y el 6 de abril de 2017 firmó el Decreto 229 por el cual el Poder Ejecutivo, a través de la Unidad Especial de Investigaciones AMIA, a cargo de Mario Cimadevilla, pretende volver a apropiarse de la documentación secreta, quitarle el manejo de la prueba a la UFI AMIA y entregársela a una dependencia administrativa del Ministerio de Justicia que durante 17 años aportó al encubrimiento y la impunidad del crimen de nuestros familiares y amigos en la calle Pasteur.
Tanto así que desde esa fecha, la UFI y el GERAD no pueden realizar su trabajo como lo venían haciendo y nosotros no hemos tenido más acceso a ese material.
Desde APEMIA planteamos la necesidad de impulsar una lucha unitaria denunciando la inconstitucionalidad del Decreto 229/17, cuestionando las intenciones del gobierno en esta materia y a sus patrocinios internacionales, la Embajada de Israel, la Central de Inteligencia americana y el Mossad.
Nuestro planteo jurídico de inconstitucionalidad, en defensa de una posición de principios, en defensa de lo que debiera ser la labor de jueces y fiscales, fue acompañado por los otros grupos de familiares y la Comisión Provincial por la Memoria, cada uno desde su ángulo. Lamentablemente, no nos acompañó la UFI, debilitando lo que debiera ser un golpe común sobre las intenciones del gobierno nacional y sus socios internacionales.
Y aún cuando las consecuencias del decreto estaban a la vista, al ser forzados por el juez Canicoba Corral a dar opinión, los fiscales lo hicieron sin cuestionar la legalidad y constitucionalidad del Decreto 229, aunque sí cuestionaron las posibles consecuencias de su aplicación.
Finalmente, logramos superar un primer rechazo del juez para definirse con celeridad ante nuestro pedido de disponer una medida cautelar contra el Decreto y logramos frenar la entrega al Poder Ejecutivo de esos archivos. Hace pocas semanas, cuando el juez se pronunció formalmente contra nuestro planteo de inconstitucionalidad, presentamos una apelación ante la Cámara Federal que escuchará nuestros planteos el próximo 5 de septiembre.
Esta maniobra del gobierno de re-apropiación de los archivos secretos por decreto obedece a un plan político y a un plan de negocios.
En lo político, evitar el acceso y conocimiento público de los archivos secretos que documentan el papel del Estado en el atentado terrorista y su encubrimiento. Significa poner el esclarecimiento del atentado a la AMIA en el limbo de una acusación internacional, tal y como lo reclaman hasta hoy el partido Republicano de los Estados Unidos y el Estado de Israel.
El Estado argentino se beneficia de la relación con sus socios internacionales y, con la colaboración que le prestan pretende quitarse de encima cualquier responsabilidad criminal propia por la comisión del atentado y su encubrimiento posterior.
En cuanto al plan de negocios, lo están gestando Mario Cimadevilla desde el Ministerio de Justicia junto al Ministerio de Modernización para armar una consultora y tercerizar la investigación del atentado, comprar software y entregar los archivos secretos de la causa AMIA a una empresa de la CIA. Para ello necesitan someter a la UFI y terminar con la labor del GERAD.
Este brutal avance del gobierno sobre la documentación secreta plantea un enfrentamiento con la Unidad Fiscal, contra su autonomía y contra el trabajo del GERAD, que hasta ahora los fiscales prefirieron evitar.
La avanzada del Poder Ejecutivo se enmarca en el ataque previo y más general contra la Procuradoría General de la Nación. Ya en octubre de 2016 las organizaciones de familiares 18J y APEMIA, denunciamos que el gobierno nacional y los principales líderes de la oposición habían llegado a un acuerdo para votar una ley de reforma del Ministerio Público Fiscal con el objeto de echar a la Procuradora, terminar con su independencia formal reconocida en la Constitución Nacional y, por último, poner a los fiscales de la UFI AMIA bajo el control del Poder Ejecutivo y los organismos de Seguridad que debieran ser los controlados y que, hasta hoy, están sospechados por actividades criminales vinculadas al atentado contra la AMIA.
Los proyectos para terminar con la Procuración y el Decreto 229/17 van de la mano… son complementarios.
Vamos a resistir su implementación.
Para que se cumpla la expresión de deseos manifestada en la convocatoria a esta jornada: “Queremos que se esclarezca el atentado terrorista más grande que sufrió nuestro país a lo largo de su historia”, necesitamos que la documentación secreta, las pruebas de la causa AMIA, sigan en manos de la UFI y el GERAD, en la perspectiva de ponerlas a disposición de una Comisión Investigadora Independiente en un futuro cercano.
En vísperas de la finalización del juicio oral, que pretendió ser el juicio contra el encubrimiento, que se sustanció con los archivos secretos cerrados, que lleva un 25% de las audiencias secretas, y que va camino de nuevos escándalos como declarar inimputable al ex secretario de la SIDE Hugo Anzorreguy, advertimos que el futuro de la UFI AMIA corre peligro no sólo por los atropellos del Ejecutivo sino ante el inminente final de aquel que fue su objetivo primero y casi exclusivo, el que concentró su actuación: sacar adelante este juicio en las condiciones dadas sin cuestionar sus limitaciones.
La Unidad Fiscal necesita redefinir su objeto. Y encarar una investigación que, de una buena vez, ponga en la mira al responsable del encubrimiento y de la criminalidad del atentado a la AMIA: el Estado argentino.
Para denunciar la política del gobierno y el Decreto 229 contra la Procuración, la Unidad Fiscal AMIA, el GERAD y los negocios ocultos detrás de esta iniciativa que cuenta con el apoyo de las direcciones de AMIA y DAIA, los invitamos a participar de la conferencia de prensa que realizaremos el próximo miércoles 6 de septiembre a las 15 hs en la Sala 7 del 3er. Piso del edificio Anexo al Congreso Nacional.
Nos sentimos muy contentos de poder reflexionar y encarar esta lucha común junto a ustedes.
